A más de tres años de las protestas contra la reforma constitucional de Jujuy, 19 manifestantes serán llevados a juicio oral. El proceso comenzará el 26 de octubre y se extenderá durante noviembre.
Los acusados, sus abogados y organizaciones sociales denunciaron irregularidades en la causa. También sostienen que existe una persecución política contra los manifestantes del Jujeñazo y reclaman que el juicio sea suspendido.
En una conferencia de prensa, referentes sociales, sindicales y de derechos humanos cuestionaron el expediente. También participaron representantes de comunidades originarias, entre ellas Caspalá y Ocloyas.
La defensa calificó el proceso como un “mamarracho jurídico”. Además, denunció falta de garantías, rechazo de pruebas y parcialidad judicial.
El Jujeñazo y las protestas contra la reforma constitucional
Las movilizaciones comenzaron en junio de 2023. Una huelga de docentes y trabajadores estatales inició una lucha salarial que rápidamente incorporó el rechazo a la reforma constitucional provincial.
“Arriba los salarios, arriba los derechos, abajo la reforma” fue una de las consignas que recorrió las calles.
Al reclamo se sumaron organizaciones sociales y comunidades originarias. Estas últimas también se movilizaron en defensa del agua, los territorios y los recursos naturales.
La reforma era impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales. En medio de las protestas, la nueva Constitución provincial fue jurada el 20 de junio de 2023.
Aquella jornada estuvo marcada por graves enfrentamientos y una fuerte represión policial.
Hubo vehículos incendiados y daños en la Legislatura provincial. Los sectores que participaron de las protestas denunciaron la presencia de supuestos infiltrados y cuestionaron que esas personas no fueran identificadas.
También se produjeron numerosas detenciones. Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que cerca de 100 personas fueron privadas de su libertad de manera irregular.
La represión dejó decenas de heridos. Entre las denuncias más graves aparecen disparos de cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos contra los manifestantes y personas que sufrieron lesiones oculares.
Diecinueve manifestantes enfrentarán un juicio oral
Tres años después de aquellas jornadas, 19 personas quedaron en el centro de la causa judicial.
El juez Rodolfo Fernández resolvió avanzar con el juicio contra los acusados. Entre las imputaciones aparecen resistencia a la autoridad, lesiones y daños, además de delitos contra la administración pública.
El debate oral está previsto para comenzar el 26 de octubre. Se esperan alrededor de diez audiencias entre fines de ese mes y noviembre.
Sin embargo, las defensas buscan impedir que el proceso comience.
La abogada Mariana Vargas denunció irregularidades durante la investigación y cuestionó las decisiones adoptadas en la etapa de control de acusación.
“Así como se violaron todos los derechos de defensa de los acusados, va a ocurrir lo mismo si vamos a un juicio oral. Por eso el objetivo es que no se haga. Nuestra consigna es: ‘No al juicio’”, afirmó.
La defensa denuncia irregularidades en la causa
Según Vargas, existen recursos pendientes que deberían resolverse antes de comenzar el debate oral.
Uno de ellos tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También existe una presentación ante el máximo tribunal provincial.
La defensa reclama, además, que se investigue por separado la actuación policial durante las protestas.
“Tenemos una queja pendiente ante la Corte Suprema y un planteo concreto para que se investigue, en otro legajo, la represión ilegítima”, explicó Vargas.
Según su argumento, esa investigación podría resultar determinante para las acusaciones por atentado y resistencia a la autoridad.
La defensa sostiene que, si la orden de represión no fue legítima, debería revisarse la responsabilidad atribuida a los manifestantes.
Cuestionamientos contra el juez Rodolfo Fernández
Los abogados también cuestionaron la actuación del juez Rodolfo Fernández.
Según la defensa, el magistrado habría considerado la abstención de declarar de uno de los imputados como un elemento en su contra. Los abogados consideran que esa interpretación vulnera garantías constitucionales.
Vargas también denunció que durante el control de acusación fueron rechazadas distintas pruebas ofrecidas por las defensas.
Uno de los casos mencionados fue el de Santiago Zamora, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Secretario del Partido Comunista Revolucionario (PCR) de Jujuy.
La acusación habría presentado una fotografía de Zamora junto a un automóvil como elemento incriminatorio. Sin embargo, la defensa sostiene que existe un video que muestra una situación diferente.
Según Vargas, las imágenes mostrarían que Zamora intentaba proteger el vehículo para impedir que fuera incendiado. Pese a ello, señaló, el registro audiovisual fue desestimado y la acusación se mantuvo.
La defensa también denunció errores en la identificación de otros acusados. Aseguró que existen imputaciones contra trabajadores ambulantes basadas en fotografías en las cuales no aparecerían las personas señaladas.
“Es una persecución política”
Santiago Zamora sostuvo que el juicio busca castigar a quienes participaron de las movilizaciones de 2023.
“Creemos que este juicio forma parte de una persecución política que busca castigar a quienes luchamos contra la reforma constitucional”, afirmó.
El dirigente relacionó aquella reforma con políticas impulsadas posteriormente a nivel nacional. Mencionó el DNU del gobierno de Javier Milei, el RIGI y los debates sobre las leyes de Glaciares y de Tierras.
“Llevarnos a juicio por una lucha que fue justa es una forma de disciplinar”, sostuvo.
Zamora también cuestionó al actual gobierno provincial y afirmó que existe una continuidad política respecto de la gestión de Morales.
Las denuncias por la represión de 2023
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la conferencia fue la diferencia entre el avance de la causa contra los manifestantes y las investigaciones sobre la actuación policial.
Los referentes reclamaron que se determinen responsabilidades por las personas heridas durante las jornadas de junio de 2023.
También recordaron los casos de manifestantes que sufrieron graves lesiones oculares.
Vargas sostuvo que la investigación de esos hechos continúa pendiente. Para la defensa, esa situación debería impedir que avance el proceso contra los 19 acusados.
“Son cuestiones que deberían resolverse antes de llegar al juicio”, señaló la abogada. Además, responsabilizó políticamente al actual gobernador Carlos Sadir si finalmente comienza el debate oral.
“Más allá de que Gerardo Morales ya no sea gobernador, seguimos teniendo una Justicia absolutamente dependiente”, afirmó.
Los acusados cuestionan las pruebas
Otros procesados también expusieron sus casos durante la conferencia.
Gonzalo Marino, integrante del movimiento Nuestramérica, cuestionó las acusaciones formuladas en su contra y contra sus compañeros Martín Abad y Luis Salazar.
“Es absurdo. En el relato del delito me ubican empezando en la Legislatura y terminando en Moreno”, señaló.
Marino aseguró que existen contradicciones entre las acusaciones y los registros disponibles.
También habló Iván Blacutt, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). El profesor cuestionó a integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en la investigación.
Blacutt también rechazó las acusaciones por lesiones contra policías.
“Es una situación ridícula: nos acusan de haber golpeado a una enorme cantidad de policías que estaban armados con escudos y cascos”, sostuvo.
De miles de manifestantes a 19 procesados
Los referentes sociales destacaron la masividad que alcanzaron las movilizaciones contra la reforma constitucional.
Según Zamora, unas 40.000 personas llegaron a participar de las protestas. Sin embargo, la investigación terminó concentrándose sobre 19 manifestantes.
“Fuimos cerca de 40.000 personas en las calles contra la reforma constitucional y ellos señalan a 19”, afirmó.
Los acusados sostienen que la selección tuvo un carácter político. Señalan que gran parte de los procesados pertenece a organizaciones sociales que tuvieron protagonismo durante las protestas.
“Éramos miles los que estábamos”, remarcaron durante la conferencia.
Para los procesados, el juicio no se limita a las responsabilidades individuales atribuidas por la Justicia. Consideran que pretende enviar un mensaje hacia quienes participen de futuras movilizaciones.
Comunidades originarias, territorios y recursos naturales
Los dirigentes también relacionaron las protestas de 2023 con los actuales conflictos territoriales en Jujuy.
Durante aquellas jornadas participaron comunidades originarias que rechazaban distintos aspectos de la reforma constitucional. Uno de los principales reclamos estaba relacionado con la protección de sus territorios y los recursos naturales.
Zamora sostuvo que los actuales desalojos en el norte provincial permiten comprender los intereses que, según su interpretación, estaban detrás de aquella reforma.
“Ahora está claro para qué querían modificar la Constitución y por qué nosotros molestábamos”, afirmó.
El dirigente vinculó esos conflictos con negocios inmobiliarios y con políticas nacionales relacionadas con el uso y explotación de los territorios.
Movilizaciones para reclamar “No al juicio”
Las organizaciones anunciaron nuevas acciones para intentar impedir el inicio del proceso.
La consigna central será “No al juicio”.
Para el jueves 17 de septiembre está prevista una movilización hacia la Casa de la Provincia de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue anunciada para las 10.30.
Por la tarde, el reclamo llegará a Plaza de Mayo. Los manifestantes participarán de la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
Las actividades forman parte de una campaña contra lo que los acusados consideran una criminalización de la protesta social.
Mientras tanto, las defensas esperan una respuesta de los máximos tribunales nacional y provincial.
Si esos recursos no modifican el escenario judicial, el próximo 26 de octubre comenzará el juicio contra los 19 manifestantes procesados por las protestas que marcaron a Jujuy en junio de 2023.
